201712.20
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Vulneración del derecho a la intimidad del trabajador por monitorear el ordenador portátil de empresa

Sentencia Juzgado de lo Social nº 19 Madrid, Sentencia 453/2017, 17 Nov. Proc. 737/2017

  • El Juzgado de lo Social ha declarado la nulidad del despido de una trabajadora cuyo ordenador fue monitorizado. La empresa explica en la carta de despido que esta actuación se decidió para determinar en qué empleaba su jornada laboral. Y esto se ha visto traducido en el conocimiento de mensajes de correo electrónico, ajenos a lo laboral y por tanto personales, que la trabajadora remitió a familiares y a su asesora legal, como se desprende del contenido de la propia carta de despido.

    Para analizar la cuestión controvertida el Magistrado trae a colación la sentencia del TEDH de 5 de septiembre de 2017 (Gran Sala), del caso Barbulescu contra Rumania, en la que se establece una suerte de test para comprobar la corrección de la actuación empresarial. Se plantea si el empleado ha sido informado de la posibilidad de que el empleador tome medidas para supervisar su correspondencia; cuál fue el alcance de la supervisión realizada del empleador y el grado de intrusión en la vida privada; si habría sido posible establecer un sistema de vigilancia basado en medios menos intrusivos; entre otros planteamientos. Y aplicando ese test al caso de autos, la conclusión que se debe alcanzar es que la monitorización del ordenador de la demandante, en la forma en la que ello se hizo, no estaba justificada y se verificó en condiciones desproporcionadas. Por tanto, puede entenderse que se han lesionado sus derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de sus comunicaciones.

    Que la empresa intente defenderse alegando que hizo una revisión acelerada de la visualización de lo que había monitorizado, no protege la intimidad ni el secreto de las comunicaciones.

    La lesión de derechos fundamentales de la trabajadora a la intimidad y al secreto de sus comunicaciones, tiene como efecto la nulidad del despido. No obstante, rechaza el Juzgado la acusación de la trabajadora de haber sido objeto de acoso laboral. Aun siendo cierto que pasó por dos procesos de incapacidad temporal con diagnóstico de trastorno adaptativo y ansiedad, ello no basta para afirmar que la patología sea imputable a una actuación deliberada de la empresa.

El Juzgado declara la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales y reconoce en favor de la trabajadora una indemnización por daño moral en la cuantía de 6.251 euros, correspondiente al importe mínimo establecido para las faltas muy graves.